El proceso de independencia de la Nueva España inició el 15 de septiembre de 1810, pero fue el resultado de la necesidad que tenía los criollos de desempeñar puestos públicos, los cuales por ley, sólo podían obtener los nacidos en España. A esto se sumaba la situación de miseria y explotación que sufría la inmensa mayoría de la población, compuesta por campesinos indios y mestizos.

En cuanto a las causas externas, la noticia de que los Estados Unidos de América había logrado su independencia del Reino Unido fue de gran influencia y sirvió como modelo para los insurgentes. Además, los ideales de la Revolución Francesa de 1789 se habían extendido al resto del mundo, sobre todo a las colonias españolas en América.

Mientras tanto, España trataba de salir del caos en que se había sumido en los primeros años del siglo XIX y se organizaban  juntas para decidir quien asumiría el gobierno provisional para sustituir al del rey Fernando VII, quien había recibido el cargo apenas unos meses antes cuando su padre el Rey Carlos IV había abdicado a su favor tras la invasión de Napoleón en 1808. En conjunto, todos esos acontecimientos impulsaron los ánimos independentistas en la Nueva España.

Al mismo tiempo, las juntas de gobierno virreinales en la Nueva España, donde participaban el virrey y la Real Audiencia, velaban exclusivamente por los intereses de los funcionarios peninsulares y de los grandes comerciantes. Estos últimos solían beneficiarse con la estructura política y económica del virreinato y, por ello, pretendían que el virrey continuara en el poder en representación de la corona española. Sin embargo, en los ayuntamientos locales, como en el de la ciudad de México –integrado por criollos cultos como Francisco Primo de Verdad,– surgió la idea de organizar juntas de gobierno para que fueran los nacidos en la Nueva España quienes gobernaran interinamente mientras se restablecía la corona en España. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y las juntas se disolvieron. Pedro de Garibay removió de su cargo al virrey Iturrigaray y continuó con el mismo esquema de gobierno. A pesar de ello las juntas clandestinas siguieron ocurriendo.

Hacia 1812, en España, específicamente en Cádiz, se promulgó una constitución que establecía la igualdad entre la metrópoli y sus colonias en cuanto a la representación ante las cortes y la distribución de empleos administrativos. La Constitución de Cádiz sirvió de base para que más tarde se establecería en nuestro país la Constitución de Apatzingán en 1814. En marzo de ese mismo año, Fernando VII regresó al trono desconociendo la Constitución de Cádiz. No obstante, en los criollos de la Nueva España, y de otras colonias españolas de América, influyeron con fuerza los principios de la Constitución y las Cortes de Cádiz.